En las primeras horas de la mañana de hoy martes , personal de Carabineros y de Seguridad Pública de la comuna de Calle Larga detuvo in fraganti a cuatro ciudadanos colombianos mientras sustraían estructuras metálicas de un predio rural en el sector de Tomás de la Piedra. La rápida intervención, motivada por el llamado de una vecina alerta, permitió frustrar el robo y esclarecer un hecho que evidenció no solo un delito patrimonial, sino también irregularidades migratorias y posibles redes de comercialización fraudulenta de bienes ajenos, lo que reviste especial relevancia en una zona rural donde la seguridad de predios deshabitados es una constante preocupación comunitaria.
Según informó la policía uniformada, el grupo —compuesto por J.E.C.C. (42 años), su hermano E.C.C. (41 años), C.E.H.G. (55 años) y J.F.R.R. (27 años)— llegó al lugar a bordo de un camión alrededor de las 7:00 horas. Tras forzar los candados del cerco perimetral, ingresaron al terreno y comenzaron a cargar estructuras metálicas al vehículo.
Al ser interrogados, los cuatro individuos argumentaron haber adquirido las estructuras por 300 mil pesos a un tercero, asegurando contar con autorización para retirarlas, e incluso afirmaron que el material estaba publicado en la plataforma Marketplace. No obstante, el verdadero dueño del predio se presentó en el lugar y desmintió categóricamente tal versión, aclarando que nunca autorizó la venta ni el retiro de los elementos metálicos.
La situación tomó un giro aún más complejo al confirmarse que dos de los detenidos —C.E.H.G. y J.F.R.R.— se encontraban en Chile con ingreso irregular, lo que imposibilitó su plena identificación ante las autoridades locales. Ante este escenario, el fiscal Rodolfo Robles Mora formalizó a los cuatro por el delito de robo en lugar no habitado en grado de consumado ante el Juzgado de Garantía de Los Andes.
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Mientras que a los hermanos colombianos se les impusieron medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en la fiscalía, el persecutor solicitó prisión preventiva para los otros dos imputados, dada la incertidumbre sobre su identidad real y el riesgo de fuga.
La jueza Valeria Crosa acogió la petición y ordenó su internación en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, estableciendo una fianza de 800 mil pesos para cada uno en caso de que deseen obtener libertad provisional bajo medidas menos restrictivas, finalmente, el tribunal fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.
