Comisión de Seguridad aprobó proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja aprobó y despachó a la Sala el proyecto denominado como «Criterio Valencia», que tipifica como delito el ingreso de forma clandestina al país, cuya orden fue hecha por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y que luego dio paso a la iniciativa.

El proyecto busca modificar la Ley de Migración y Extranjería, cuya indicación aprobada señala que «el que hiciere ingreso al territorio nacional de manera clandestina, por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales«.

Asimismo, se establece «se procederá siempre a la expulsión del extranjero del territorio nacional una vez cumplida la pena en términos de los incisos precedentes», así como también se recalca que no se aplicará a extranjeros «que reúnan las condiciones para ser reconocidos como refugiados en Chile, siempre que en este caso provengan directamente del territorio donde su vida o libertad esté amenazada. Tampoco se aplicará a niños, niñas o adolescentes o al padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal».

La iniciativa, que fue aprobada en general y en particular, se encuentra en primer trámite constitucional y ahora debe ser sometida a votación en la Sala de la Cámara, para posteriormente pasar al Senado. Sin embargo, no cuenta con el patrocinio del Gobierno, por lo que se tendrá que llegar a un acuerdo para que la moción parlamentaria sea puesta en tabla.

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El denominado «Criterio Valencia» surgió tras el asesinato del suboficial de Carabineros Daniel Palma, y luego de conocerse que la mayoría de los involucrados en este hecho eran extranjeros que se encontraban de forma irregular en el país. En ese momento, el fiscal Valencia ordenó a todos los persecutores del país que al momento de detener a un inmigrante sin papeles, se debería solicitar la prisión preventiva hasta conocer sus antecedentes.

Tras esta instrucción, un grupo de parlamentarios dio paso a un proyecto de ley, lo que ha generado críticas por ser considerada como discriminatoria.