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Sólo arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual para los 9 imputados en red de tráfico de personas y lavado de activos

El Juzgado de Garantía de Quillota dejó con arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional a 4 de los imputados el caso de trata de mujeres en Quillota. En tanto, los otros 5 supuestos integrantes de la banda quedaron con firma mensual y arraigo nacional.

Las medidas cautelares se tomaron, luego de que pasado miércoles la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregaron detalles sobre la detención de una banda con vínculos internacionales que se dedicaba a la trata de personas para su explotación sexual en nuestro país.

Se trata de mujeres extranjeras que eran engañadas y amenazadas para ser partes de una red de tráfico sexual. En su mayoría, las víctimas provenían de Venezuela, Colombia y Ecuador.

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El Juzgado de Garantía de Quillota dejó este viernes 22 de abril, sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional a cuatro imputados según los delitos que se detallan a continuación:

– Jimmy Ceballos Araya, por asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos
– Rodrigo Pérez Estay, por tenencia ilegal de armas prohibidas, asociación ilícita y trata de personas.
– Jocelyn Moyano Aguilar, por asociación ilícita y trata de personas.
– Boris Vargas Saavedra, por asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas.

Además, el tribunal dejó bajo la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional a cinco imputados por los ilícitos expuestos a continuación:

– Diana Bastidas Martínez, por asociación ilícita y trata de personas.
– Vanessa Silva Vargas, por asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos.
– Manuel Ceballos Castillo, por asociación ilícita y lavado de activos.
– Mónica Lobos Olivares, por asociación ilícita y trata de personas.
– Ana Foix Morales, por tráfico de drogas.

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Por último, la magistrada Laura Catalán Peña determinó el plazo de investigación en seis meses para esta causa.

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