La alcaldesa de San Felipe, Carmen Giselle Castillo Taucher, enfrenta una nueva denuncia judicial por presunto acoso laboral en su contra, esta vez interpuesta por Carolina Teresa López Silva, ex directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la municipalidad. Alcaldesa socialista
El caso, ya admitido a trámite por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, fue presentado el 29 de diciembre de 2025 y ha sido citado a audiencia preparatoria para el 16 de febrero de 2026 a las 12 horas. López, una experimentada asistente social con más de 17 años en el sector público, acusa a la autoridad edilicia y a su administrador municipal, Pablo Venegas Díaz, de hostigamiento reiterado, desautorización profesional y vulneración de sus derechos fundamentales durante su gestión.
Según la demanda, López fue sometida a un trato vejatorio desde mayo de 2025, incluyendo imputaciones falsas, el monitoreo ilegal de su correo institucional y la exigencia de renunciar bajo presión tras declarar como testigo en otra causa judicial contra la propia municipalidad.
Uno de los episodios más graves ocurrió en diciembre, cuando fue forzada a usar todos sus feriados legales de forma obligatoria y se le desactivó su cuenta de correo sin justificación. Además, se le atribuyó una supuesta “falta de alineación” con la administración y una relación inexistente con un ex funcionario del municipio, como supuestos motivos para su destitución.
La demandante denuncia que, pese a ocupar un cargo de “exclusiva confianza”, su desempeño fue saboteado sistemáticamente: le impidieron tomar decisiones propias de su rol, se realizaron reasignaciones de personal sin su conocimiento y se le impuso una doble supervisión por parte de ex funcionarios. Todo ello, asegura, generó un ambiente laboral tóxico que derivó en licencia médica por trastornos psíquicos. La causa incluye una petición de reserva total por la naturaleza sensible de los hechos y los datos personales involucrados.
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Este nuevo litigio representa un revés institucional y político para la alcaldesa socialista Castillo, quien ya ha sido condenada en procesos anteriores por prácticas antisindicales y maltrato a funcionarios. Ahora, el tribunal deberá determinar si hubo efectivamente una vulneración al derecho a la integridad psíquica y al honor de López, tal como establecen los artículos 19 N°1 y N°4 de la Constitución. La demanda exige una indemnización de casi $109 millones, que podría marcar un precedente en la rendición de cuentas de autoridades locales por abusos de poder en el ámbito laboral municipal.
