Este sábado, en Juzgado de Garantía de Los Andes se terminó con la formalización al edil de La Rinconada, Juan Galdames, y le aplicó arresto domiciliario nocturno tras una maratónica audiencia que destapó un entramado de irregularidades financieras y negociaciones turbias que sacudieron los cimientos del poder local y conmocionaron a miles de habitantes.
La Fiscalía exigía la inmediata privación de libertad, pero el magistrado Daniel Chaucón desestimó la petición y optó por una cautelar de menor intensidad que obliga al jefe comunal a permanecer en su hogar durante las noches. La defensa celebró la resolución y aseguró que el ente acusador fracasó tras cuatro años de pesquisas, desatando una ola de indignación en la comunidad y abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre política.
La tormenta judicial también arrastró al secretario de planificación, Hernán Espina, y a los letrados Lautaro Silva y Jorge Silva Saa, quienes enfrentan arraigo nacional por su presunta participación en el supuesto desfalco. El tribunal fijó un plazo fatal de cuatro meses para el cierre de la causa, mientras la opinión pública exige respuestas sobre la compra irregular de terrenos donados y los favores otorgados a los locales de la cónyuge del mandatario, lo que encendió la furia de los vecinos.
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José Villagrán, defensor del cuestionado alcalde, celebró con euforia la caída de varias acusaciones y dejó entrever que la justicia hizo prevalecer la inocencia frente a un caso que mantuvo en vilo a toda la región. Aunque Galdames guardó absoluto silencio, el estigma de la corrupción ya marca su gestión y la ciudadanía aguarda con ansias el desenlace de un escándalo que amenaza con descarrilar la administración municipal en medio de una crisis institucional sin precedentes.
