La preocupación del oficialismo durante las últimas semanas del segundo cuatrienio de Michelle Bachelet ha estado en la construcción del legado. La Moneda parece no darse cuenta de que el legado de Bachelet se construyó durante cuatro años, día a día, con muchas decisiones equivocadas y algunos aciertos en el ejercicio del gobierno. No hay nada que ella pueda hacer ahora que logre ocultar el negativo legado en crecimiento, reforma tributaria y salud, el variopinto legado en educación y reformas políticas, y las contribuciones en ampliación de derechos sociales con la ley de unión civil para parejas del mismo sexo y el aborto en las tres causales.
Todo gobierno comprensiblemente busca proyectar su legado en el tiempo. Pero a diferencia de lo que hace la mayoría, el de Bachelet parece haberse acordado de la importancia del legado pocas semanas antes de que terminara el cuatrienio. Así, con un incomprensible —e inútil— frenesí, La Moneda se abocó desde fines de enero a construir el legado de Bachelet. Lamentablemente para el oficialismo, el escándalo provocado por la crisis de la Operación Huracán —con conflictos entre Carabineros y la Fiscalía, justicia denegada a las víctimas de ataques terroristas en La Araucanía, y violaciones de los derechos humanos y del debido proceso a los activistas indígenas acusados de los atentados— echó por tierra el intento por convertir a febrero en el mes del legado.
Pero, aún si no hubiera existido este escándalo, el intento por construir un legado el último mes del cuatrienio igualmente hubiera fracaso. Los legados se construyen día a día. No hay nada que se pueda hacer en el último mes que logre opacar lo que se hizo o dejó de hacer en los 47 meses anteriores de la administración.
Como todo gobierno, la segunda administración de Bachelet pasará a la historia con luces y sombras. Lamentablemente para la reputación histórica de la Nueva Mayoría —una coalición de gobierno que se inició con un rotundo éxito electoral, pero que terminó con aun mayor fracaso electoral y político—, la suma de éxitos y fracasos deja al segundo mandato de Bachelet al debe. Por segunda vez consecutiva ella deberá entregar la banda presidencial a un sucesor de derecha. Aunque, igual que en 2009, Bachelet no logró posicionar a un delfín propio como candidato presidencial de continuidad, esta vez la Presidenta se involucró más activamente en la campaña de segunda vuelta para evitar el retorno de la derecha al poder. Pero por más que el gobierno se puso al servicio del candidato oficial, Bachelet fracasó en el intento de mantener a la izquierda en el poder.
Respecto a su primer período, ella termina el segundo mandato con niveles de rechazo superiores a sus niveles de aprobación. La economía —que esta vez no enfrentó una crisis internacional similar a la de 2008-2009— creció menos que en su primer gobierno. Hubo menor creación de empleos y menos chilenos salieron de la pobreza.
Las reformas que implementó Bachelet II son más polémicas que las de su primer mandato. La reforma de pensiones de su primera administración fue construida con consenso y financiada adecuadamente. La reforma educacional, que remplazó la Ley Orgánica Constitucional de la época de la dictadura, fue implementada con amplio consenso. En su segundo gobierno, la reforma tributaria debió ser revisada a menos de un año de haber sido implementada; además, ahora sabemos que nunca logrará el objetivo prometido de recaudación tributaria adicional necesaria para financiar la reforma educacional. Como si eso fuera poco, probablemente el próximo gobierno deberá impulsar una nueva revisión.
El conjunto de reformas educacionales tiene al sistema universitario privado al borde de la quiebra y el foco en ampliar el rol del Estado en la educación hizo que el gobierno olvidara la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes. La obsesión con el dogma de terminar con el lucro y el copago llevó a adoptar una reforma mal diseñada que nunca podrá ser debidamente implementada.
Las numerosas reformas políticas tienen luces y sombras también. Pero la raya para la suma es que pasamos de 38 a 43 (50 en 2022) senadores, y de 120 a 155 diputados. Al ver la lista de nombres en el nuevo Congreso y el porcentaje de votación de muchos parlamentarios, resulta difícil argumentar que ha mejorado la legitimidad, representatividad o capacidad legislativa del Congreso Nacional.
Aunque hubo elementos positivos —especialmente en ampliación de derechos, como la unión civil para todas las parejas y la legalización del aborto en tres causales (que ahora debiera inducir al nuevo gobierno a poner el foco en evitar los embarazos no deseados)—, la sumatoria de reformas de Bachelet configura un legado con más sombras que luces. Comparado con su primer período, el segundo deja un legado que genera más dudas y decepciones que admiración y satisfacciones.
Patricio Navia
