La crisis política estalló este jueves tras confirmarse que el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos de rebaja de condenas por delitos sexuales contra menores, dictados entre marzo y septiembre de 2026, lo que desató un intenso escrutinio y fuertes cuestionamientos en el Congreso.
De ese total, 29 beneficios correspondieron a violaciones y 27 a abusos sexuales. La controversia se centró en el criterio jurídico utilizado por el secretario de Estado para conceder estas rebajas y en su firme decisión de mantener esa interpretación ante futuras solicitudes.
La situación escaló rápidamente cuando distintos sectores políticos exigieron la renuncia del titular de la cartera o advirtieron sobre una posible acusación constitucional. El debate se agudizó luego de que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich aclarara que los decretos partieron exclusivamente del Ministerio.
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El ministro defendió su postura argumentando que las rebajas apelaban a resoluciones judiciales vigentes. Según su interpretación, la normativa aplicada respaldaba legalmente la concesión de estos beneficios a los condenados por hechos que ocurrieron con anterioridad a la reforma penal de 2022.
Finalmente, Rabat aclaró que el presidente José Antonio Kast desconoció los casos específicos al momento de adoptarse las decisiones. Explicó que los decretos se dictaron mediante el mecanismo administrativo correspondiente, aunque incluyeron la fórmula «por orden del Presidente de la República».
