El presidente Kast asumió la responsabilidad política tras evidenciarse que el Gobierno falló a las víctimas al conceder rebajas de pena a pederastas, anunciando la suspensión inmediata de cualquier beneficio carcelario para los agresores sexuales de menores de edad.
Desde La Moneda, el Mandatario reconoció que no existe ninguna justificación técnica, jurídica ni administrativa que permita explicar a una víctima por qué su agresor sale antes de la cárcel, asumiendo el costo político de un vacío legal que revivió el peor trauma a los sobrevivientes.
La polémica estalló tras la firma de 57 decretos que rebajaron condenas por abusos a menores, situación que motivó la revisión caso a caso de estos beneficios y la permanencia del ministro Fernando Rabat, quien deberá liderar las reformas estructurales para corregir el fondo del problema.
Pese a las exigencias parlamentarias de remoción, Kast defendió la continuidad de Rabat argumentando que destituir al gabinete solo tranquilizaría por unos días sin solucionar el vacío legal existente desde hace años, optando por el camino difícil de cerrar las puertas a estas rebajas definitivamente.
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Para garantizar que esto jamás se repita, el Ejecutivo recogerá las mociones parlamentarias en trámite para presentar un proyecto de ley que prohíba de forma explícita y sin ambigüedades que cualquier criminal condenado por abusar de un niño acceda a rebajas de condena.
El jefe de Estado solicitó al Congreso despachar esta iniciativa en el más breve plazo, haciendo un llamado transversal a todas las fuerzas políticas para unir esfuerzos, dejando en claro que esta batalla no es una disputa de gobierno, sino la defensa de la infancia.
