En el corazón de San Vicente en Calle Larga, el Comité de Agua Potable Rural (APR) enfrenta tanto retos como oportunidades en la gestión de uno de los recursos más vitales para la comunidad: el agua. Encabezado por Bernardo Rebolledo Soto como presidente y Patricio Chacana Racho como tesorero, el comité ha estado al servicio de aproximadamente 3.500 habitantes desde su fundación el 15 de octubre de 1947.
Con un total de 846 arranques de agua, el comité ha logrado abastecer a varios sectores de la localidad, incluso proporcionando agua a una posta de salud, un colegio y un jardín infantil, además de atender a más de 1.500 personas en general. Sin embargo, la situación legal respecto a los derechos de agua del comité es precaria, ya que, en la actualidad, se encuentran en proceso de regularización y rescate de sus derechos.
Patricio Chacana señala que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan es la antigüedad de las matrices de agua, muchas de las cuales, diseñadas bajo normativas obsoletas, presentan roturas frecuentes que exigen costosas reparaciones. “La capacidad para acumular agua es deficiente; estamos trabajando con estanques que en total acumulan solo 425 metros cúbicos”, lamenta Patricio. La comunidad depende en gran medida de la infraestructura existente, que, desde 1987, ha visto pocas mejoras, pese a que se han realizado algunas ampliaciones en 2010.
En su esfuerzo por mejorar el servicio, el comité ha implementado proyectos de conservación administrados por la Municipalidad de Calle Larga, con financiamiento del gobierno regional. Esto incluye el mantenimiento de estanques, reemplazo de bombas y la actualización de infraestructura existente. Además, están en marcha proyectos de ampliación de las matrices para mejorar la distribución de agua en todo San Vicente, al mismo tiempo que trabajan con la Dirección de Obras Hidráulicas en la planificación y diseño necesarios.
La nueva legislación que demanda informes financieros más rigurosos ha generado preocupaciones entre los miembros del comité, quienes son voluntarios y no poseen experiencia contable. “La nueva ley complica nuestra labor, ya que no estamos capacitados para manejar contabilidad trimestral”, indica Bernardo, subrayando la necesidad de recursos adicionales para poder cumplir con estas exigencias sin dejar de atender a la comunidad.
Entre las dificultades que enfrentan en la gestión diaria destaca la alta demanda de arranques de agua: actualmente, cuentan con aproximadamente 100 listas de espera para nuevos suministros. “La presión del agua no es uniforme; algunos sectores de San Vicente, debido a su geografía, tienen deficiencias en la presión”, afirman ambos miembros del comité, quienes están comprometidos a encontrar soluciones viables para atender las necesidades de cada rincón de la comunidad.
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El costo del servicio de agua también ha sido un punto de discusión. Actualmente, los residentes pagan 600 pesos el metro cúbico, con diversas tarifas según el consumo. Gran parte de ellos se encuentra en el segundo tramo de consumo, que representa una tarifa asequible, lo cual, según los dirigentes, es un aspecto positivo en medio de los desafíos financieros.
A medida que el comité sigue trabajando angustiosamente para mejorar el servicio, la comunidad de San Vicente se mantiene alerta y esperanzada por un futuro en el que el acceso al agua sea justo y sostenible para todos.
Esta entrevista se encuentra dentro del proyecto denominado Guardianes del agua, financiado por el fondo de medios de comunicación social del gobierno de Chile y el consejo regional de Valparaíso.
