viernes, febrero 26, 2021
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Condenado por tráfico de drogas pagó medio millón de pesos a Gendarme por Certificado de Conducta

Un recluso que se encuentra cumpliendo una condena de 5 años y un día por tráfico de drogas  pago medio millón de pesos a un funcionario de la Unidad de Estadística del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes a fin de poder modificar su certificado de conducta y lograr obtener el beneficio de la libertad vigilada.

El hecho fue denunciado al Ministerio Público por el propio alcaide del penal  al descubrir que el informe de conducta del interno de iniciales L.D.P.F. (29) había sido adulterado en forma interna por un subalterno a fin de favorecerlo con un beneficio intracarcelario.

Según la investigación de la fiscalía Los Andes, durante el mes de enero este año el interno tomó contacto con el funcionario penitenciario ofreciéndole la suma de 500 mil pesos a fin de que modificara su certificado de conducta para poder optar al beneficio de la libertad condicional, ya que había cumplido la mitad de la pena.

No obstante, el recluso tenía un informe de conducta “Regular”, razón por la cual no podía acceder a este beneficio, ya que en su calidad de “Mozo” de Gendarmería había sido sorprendido portando un teléfono celular.

Convenido el soborno, el interno a través de un familiar transfirió a la cuenta corriente del funcionario penitenciario la suma de medio millón de pesos.

Posteriormente el Gendarme  usando su clave  accedió al sistema interno del penal  y cambió el informe de conducta de “Regular” a “Muy Bueno”, emitiendo el certificado de forma física  que posteriormente envió al Centro de Reinserción Social (CRS).

Una vez que el funcionario sacó el certificado en papel, ingresó nuevamente al sistema y cambió el informe de conducta a su estado original, es decir “Regular” a fin de no ser detectado.

Recibido el documento en el CRS, ese organismo lo remitió al Tribunal de Garantía de Los Andes que finalmente le concedió el beneficio de la libertad vigilada, saliendo el penal el día 9 de marzo.

Al interno se le instaló una tobillera electrónica y luego se trasladó hasta la ciudad de Santiago donde reside.

Sin embargo, el Alcaide al revisar el informe que le permitía salir en libertad recordó que el interno había sido acreedor a una sanción por el celular encontrado en su poder, siendo su informe de conducta “Regular”.

El oficial ingresó al sistema y vio que efectivamente aparecía como “Regular” y  no como “Muy Bueno” que estaba escrito en el informe de conducta.

Asimismo, como el informe tampoco contaba con su firma, sino que la de un subalterno, procedió a denunciar el hecho a la fiscalía.

De esta manera, el fiscal Jefe Ricardo Reinoso solicitó ante el Tribunal de Garantía una orden de detención verbal en contra del interno, la cual hizo efectiva la PDI el día martes pasado en la ciudad de Santiago.

Formalizado por dos delitos.

Una vez que el interno fue  traído a comparecer ante el Tribunal, el propio fiscal Ricardo Reinoso lo formalizó por los delitos de soborno y falsificación de instrumento público, solicitando la medida  cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, el defensor privado Nelson Saavedra se opuso a esta solicitud, toda vez que había sido el funcionario de Gendarmería el que le solicitó un préstamo a su representado para un negocio.

Dijo además que el interno siempre había tenido informe de conducta “Muy Bueno”, pero a raíz de una relación sentimental que habría mantenido  con una funcionaria de Gendarmería, se lo habría perseguido y perjudicado, asignándole a  su conducta el informe de  “Regular”.

Sin embargo, la Magistrado Valeria Crosa estimó que los argumentos del Ministerio Público eran suficiente para acreditar ambos ilícitos, por lo que decretó su ingreso en calidad de imputado en prisión preventiva a la cárcel de Quillota.

Además se fijó un plazo de investigación de tres meses, toda vez que el Ministerio Público debe llevar adelante una serie de diligencias como el  levantamiento del secreto bancario  y acreditar la participación del Funcionario de Gendarmería en ambos ilícitos.

Asimismo, se fijará una audiencia de revocación del beneficio otorgado al interno, ya que dada la gravedad de los delitos debería terminar de cumplir su condena privado de libertad.

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