Instructivo prohíbe a funcionarios públicos hacer proselitismo.
Sólo faltaba el pronunciamiento de la Contraloría General de la República para que las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 19 de noviembre entraran en tierra derecha. Esta semana, tal como lo ha hecho en las últimas ocasiones, el organismo emitió un instructivo en el que aclara todo lo que pueden -y no pueden- hacer los funcionarios públicos en un año electoral.
En líneas generales, el documento les recuerda a todos los trabajadores de la administración del Estado que tienen prohibido realizar, en su lugar de trabajo y en horario laboral, cualquier actividad de carácter político como promover una campaña electoral o participar de alguna reunión o actividad con fines proselitistas. Lo anterior rige para las autoridades, jefaturas y funcionarios en general, vale decir, ministros, intendentes, gobernadores, seremis, jefes de servicio e, incluso, alcaldes y concejales.Justamente, y aún cuando se podría entender que los alcaldes no responden a una lógica de administración del Estado, por ser electos democráticamente y no gozar de la confianza del Presidente de turno, lo cierto es que para la Contraloría sí deben mantener una prescindencia política como los empleados públicos que son. “El alcalde y los concejales deben, en el desempeño de sus cargos, abstenerse de realizar actividades políticas en cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa”, estableció el organismo.
Para el caso de los concejales, sólo tendrían prohibido hacer proselitismo durante las sesiones o las comisiones del Concejo Municipal, pero no en otro horario. No así los jefes comunales, que no podrán figurar apoyando públicamente a ningún candidato bajo el título de “alcaldes”.
La instrucción no deja de ser discutible tomando en cuenta la activa participación que históricamente han tenido las autoridades municipales en las campañas presidenciales y parlamentarias. De allí el término de poner en funcionamiento la “maquinaria municipal” en favor de un candidato a La Moneda o al Parlamento.
De hecho, no sólo hay que remontarse a años anteriores para comprobar lo anterior, sino que basta con ver la participación que ya proyectan tener algunos alcaldes en las campañas venideras.
A fines de julio, por ejemplo, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), comentó que esperará hasta que las candidaturas parlamentarias estén inscritas para dar a conocer sus preferencias electorales. Incluso, reconoció que “no hará falta decir a quienes voy a apoyar… se notará inmediatamente quiénes serán mis candidatos”.
Otro ejemplo más claro aún es que a principios de junio, la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, presentó a su equipo de campaña, entre los que figura el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, como parte del consejo político. En paralelo a ello, se le ha visto a distintos alcaldes promover públicamente la candidatura al Congreso de militantes de su partido, e incluso trabajar en su nombramiento. Esto, tomando en consideración que muchos de ellos mantienen cargos partidistas a nivel regional, como el alcalde Mauricio Viñambres, que a la vez es presidente local del PS.
Si quisieran participar activamente -como se lee en el caso de Sharp, que tendrá un rol importante en la campaña de Sánchez-, la Contraloría es clara en señalar que toda autoridad, en su calidad de ciudadano, se “encuentra habilitado para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza”. Sin embargo, esto sólo sería posible siempre y cuando éstas “se desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios”.
Incluso, para eliminar cualquier tipo de duda, el organismo aseguró que la jornada laboral de los funcionarios -aún cuando no marquen su ingreso ni salida- “será de 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve horas diarias”.
Para el alcalde de Limache y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, Daniel Morales, el instructivo de la Contraloría es positivo en el sentido de “evitar que los municipios se instrumentalicen”. No obstante, la autoridad se mostró escéptica a la hora de limitar casi en su totalidad el activismo político de un alcalde durante la jornada laboral.
“Que cada alcalde tenga una preferencia es absolutamente natural porque nosotros somos actores políticos. La Contraloría no nos puede pedir que nos abstengamos de la política. Lo que sí puede hacer es evitar que los municipios se instrumentalicen en favor de una campaña”, dijo Morales.
En ese sentido, el alcalde insistió en que se debe “separar lo que es el municipio del alcalde. Un aparato público no puede estar al servicio de una candidatura, pero nosotros no venimos de Marte sino de partidos políticos, por tanto sí considero que podemos manifestarnos desde esa lógica”.
Otro punto que establece la Contraloría, en esa línea, es que los alcaldes no pueden obligar a los funcionarios municipales a “promover candidaturas o campañas”.
Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), Óscar Yáñez, comentó a este Diario que en ese caso “les hemos dicho a los trabajadores que tienen que denunciar la situación de inmediato y ponerla en conocimiento de la Contraloría”.
“Para evitar situaciones conflictivas a futuro, nosotros le hemos sugerido a los funcionarios que derechamente no participen en acciones políticas. Más allá que puedan tener una posición, no es lo recomendable porque siempre pueden haber costos adicionales. Además, no es bien visto ante la comunidad que un trabajador sea más bien un operador político”, dijo Yáñez.
En este contexto, el alcalde de Quilpué -y también presidente regional del Partido Socialista- Mauricio Viñambres, acogió de buena manera la resolución del órgano contralor ante los próximos comicios.
El jefe comunal de la capital de la provincia del Marga Marga por tercera vez enfrentará unas elecciones siendo timonel de la tienda en la que milita, situación en la que ha llegado a cumplir tres roles, incluyendo la de candidato.
“Encuentro bastante coherente lo que plantea la Contraloría, pero a mí también me gustaría mucho que esto se les aplicara a los parlamentarios, que cumplieran ciertos horarios. A nosotros se nos paga por hacer el trabajo y, en mi caso, no se me paga por ser presidente de mi partido”.
Ante esto, la primera autoridad quilpueína señaló que, al igual que en años anteriores, toma una serie de medidas para evitar cuestionamientos posteriores.
“Si yo tengo una actividad a las 11 de la mañana, pido permiso administrativo para mis funciones personales. En mi caso también tengo 50 días de vacaciones acumuladas, puedo tomarme algunos días que se llaman feriados legales y después se van descontando”.
Y agregó que “al estar con permiso administrativo no gozo de ningún beneficio de la administración municipal, entonces yo ando en mi vehículo personal y así es como lo hago con todas mis actividades políticas”, puntualizó el alcalde.
En Viña del Mar la alcaldesa Virginia Reginato sostuvo que “me parece oportuno que antes del inicio del proceso eleccionario, la Contraloría recuerde estas disposiciones, porque los funcionarios públicos se deben al servicio de la comunidad sin ningún tipo de sesgo y preferencias”.
“La Municipalidad como siempre hará todo lo que le corresponde respecto a la Ley electoral, y por cierto que yo velaré por la absoluta normalidad de todos los servicios y que el uso de los recursos municipales, incluidas las personas, sean de acuerdo a las normas vigentes”, dijo Reginato.
Se consultó al alcalde Jorge Sharp, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
“El alcalde y los concejales deben, en el desempeño de sus cargos, abstenerse de realizar actividades políticas en cumplimiento de las normas de probidad administrativa”
Instructivo de la Contraloría”
AUTORIDAD DEBERÁ INVITAR A ASPIRANTES
Si bien el instructivo de la Contraloría prohibe básicamente a los funcionarios pronunciarse en horario laboral y utilizar los bienes del Estado (computadores, automóviles, etc) para fines políticos, un punto que también llamó la atención -al igual que el año pasado- dice relación con que los organismos del Estado deberán invitar a todos los candidatos cuando organicen una actividades con recursos fiscales. “Las autoridades que realicen inauguraciones o eventos de carácter público (en campaña) deberán cursar invitación por escrito a todos los candidatos del respectivo territorio electoral”, establece la Contraloría. Dicha normativa se puso en marcha el año pasado y causó gran revuelo debido al alto número de candidatos que estaban inscritos en cada comuna.
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