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Más de 6 millones en daños dejaron las manifestaciones por muerte de Ámbar en el edificio de Tribunales

En más de seis millones de pesos fueron avaluados de manera preliminar los daños causados al edificio del Tribunal de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Los Andes durante las manifestaciones para exigir justicia por la muerte y violación de la pequeña Ámbar Lazcano Páez.

Si bien la ira e indignación generalizada entre las personas que el pasado lunes se congregaron en las afueras del edificio ubicado en la intersección de las avenidas Carlos Díaz con Hermanos Maristas era comprensible, no menos cierto es que merecen  el repudio las acciones violentistas que no solo dañaron el edificio, sino que sumieron en el temor y angustia a los jueces, abogados, personal administrativo, de servicio y guardias que se desempeñan en el edificio, quienes estuvieron por más de dos horas imposibilitados de abandonar el recinto.

Algunos que se atrevieron a salir fueron insultados y otros como el caso del Defensor Público Cristóbal Romero, fueron agredidos violentamente por exaltados manifestantes que no repararon en mostrar su ira contra todo lo que se pusiera por delante.

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Como resultado del ataque a pedradas, la mampara de vidrio de acceso al tribual fue rota completamente, así como casi la totalidad de los ventanales del frontis del edificio.

Así también la reja metálica del cierre perimetral del recinto fue sacada de su base, debiendo el personal de seguridad afirmarla con alambres.

Durante la tarde del lunes cuando se llevó adelante una velatón por la muerte de Ámbar, otro grupo de exaltados volvió a atacar de pedradas el edificio, terminando de romper los pocos ventanales que se habían saltado.

Aún cuando no hubo una evaluación oficial de los daños, estos fueron estimados en más de seis millones de pesos, sin contar los daños sufridos por vehículos particulares pertenecientes a funcionarios y a la magistrada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal María Cornejo Sandoval.

Ante estos ataques, personal de Carabineros logró detener a catorce personas por estos hechos, entre los que se encontraban cuatro menores de edad.

De este grupo, algunos fueron detenidos casi en forma inmediata, mientras que el resto fue capturado minutos después tras haber hecho una revisión de las cámaras de seguridad, tanto del edificio como municipales.

Justamente uno de los detenidos corresponde al sujeto que lazó una pedrada de gran tamaño en contra del Defensor Público Cristóbal Romero, que de haber dado en el blanco podría haberle causado graves lesiones al profesional.

Los catorce detenidos fueron formalizados bajo extremas medidas de seguridad la mañana del martes 1º de mayo, oportunidad en que el fiscal adjunto Raúl Ochoa les imputó cargos por delitos de daños simples y desórdenes públicos.

A petición del Ministerio Público se fijó una nueva fecha para discusión de un procedimiento abreviado y medidas cautelares, quedando luego en libertad.

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