La situación hídrica en la Región llegó a un punto crítico para los regantes que tienen a su cargo miles de hectáreas de producción agrícola. Así lo entendió el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que ante la falta de acuerdo entre los responsables de administrar la provisión de aguas del río Aconcagua, decidió aplicar una medida directa de intervención.
El conflicto surge debido a los bajos niveles de nieve que hay en la Cordillera, lo que impacta en el caudal del Aconcagua y sus afluentes, la principal red de abastecimiento de agua para las zonas de fuerte producción agrícola, como Los Andes, San Felipe y Quillota.
Las secciones 1 y 2 del río se mantuvieron durante enero con niveles de abastecimiento que promediaban 27 mil y 21 mil litros por segundo, respectivamente. Sin embargo, los regantes de la tercera sección (Quillota y Limache) apenas recibieron un promedio de 1.980 litros por segundo en ese periodo. La situación en febrero ha sido más crítica aún.
Por ello, el Ministerio de Obras Públicas citó a las partes a una reunión en la cual debían ponerse de acuerdo para una mejor distribución.
Ante el fracaso de las conversaciones, el MOP decidió aplicar las facultades del artículo 314 y reducir al mínimo los daños derivados de la sequía. Para ello, pidió al jefe de Fiscalización de la Dirección General de Aguas V Región adoptar las resoluciones que permitan la distribución de los recursos hídricos que hoy pasan por el río Aconcagua. Dicho personero, incluso podrá requerir el auxilio de Carabineros para hacer cumplir las medidas que se adopten.
«En el caso que algunas de las partes no cumpla, la nueva ley de fiscalización que reformó el Código de Aguas, establece multas entre 10 a 500 UTM, anteriormente el máximo eran 20 UTM», destacó el seremi (s) del MOP, Gonzalo Peña.
La intervención está avalada en un decreto de escasez hídrica que comenzó a regir a partir del 1 de febrero, por un período de seis meses, en las comunas de San Felipe, Santa María, Catemu y Panquehue en la provincia de San Felipe y en la comuna de Los Andes, en la provincia del mismo nombre.
El seremi Peña explicó que desde el 5 de enero también rige un decreto de escasez para las provincias de Quillota, Marga-Marga y Petorca, y comunas de Llay Llay en provincia de San Felipe, Concón en provincia de Valparaíso y San Antonio en la provincia homóloga.
En la práctica, la dictación de este decreto implica que en dichas provincias las autoridades podrán analizar y decidir las medidas pertinentes que permitan reducir el impacto de la falta de agua, comenzando con las resoluciones en que se autorice a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP a hacer sondajes y a extraer aguas de pozos de emergencia, especialmente aquellos vinculados a sistemas de Agua Potable Rural (APR).
